miércoles, 11 de febrero de 2015

A vueltas con la Transición.

Algunas cuestiones sobre un libro que he leído recientemente:

“MEMORIA Y OLVIDO DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA” 
de Paloma Aguilar Fernández.



La autora cree que el pasado no es inmutable y puede ser creado y recreado, siendo la actualidad la que hace a la sociedad fijarse en un momento u otro de la Historia. El control del pasado es crucial para conseguir la legitimidad del presente.

En la transición se llega al acuerdo de la responsabilidad compartida en la Guerra Civil y sus atrocidades, “locura colectiva”. Nunca más un drama semejante y a eso deben contribuir partidos políticos, sindicatos, empresarios y banqueros, “reconciliación nacional”.

El libro señala un “silencio deliberado sobre el pasado reciente y una obsesión sin límites por la paz y la estabilidad. Se trata de un recuerdo dramático, aunque la mayoría no vivió la Guerra Civil, se trataría de una memoria heredada. El libro hace también un análisis del discurso político acerca de la Guerra Civil.

En la transición se llegó a un acuerdo tácito entre las élites para silenciar el pasado que provocaba inseguridad en los ciudadanos y se temía por los viejos rencores todavía muy vivos. Cada persona tiene sus propios recuerdos (propios o de familia) y su propia versión de la historia y esto podría ser utilizado como arma arrojadiza por unos y otros.

Durante el primer capítulo, se analizan de forma general, colectiva, heredada, las memorias de la sociedad y las memorias oficiales por contraposición a la historia que da cuenta del pasado a través de la investigación profesional en las fuentes.

Aún así, la memoria cumple su función, acercando así a los miembros de cada generación que han compartido espacio y tiempo. Las memorias ajenas ayudan a completar la memoria individual.

El libro también analiza el presentismo o la reconstrucción del pasado en función de los intereses políticos del presente, el taxidermismo y finalmente el olvido que en el caso concreto que nos ocupa fue suscrito sin el perdón ni la conciliación sino por la amnesia y el deseo de paz, siguiendo fielmente la tesis defendida por Nietzche.

También nos dice en este primer capítulo que el aprendizaje político y la modificación de los ideales son posibles, así como que ciertas ceremonias y monumentos influyen en la creación de la memoria colectiva, la cual queda completamente impresa por la transmisión de instituciones como la familia, el colegio, el Estado y la Iglesia.

El régimen franquista se preocupó de transmitir el miedo a una nueva contienda y pretendió dar legitimidad a su existencia, más que por el hecho en sí de su origen, por la propia gestión, aunque como dijera Tusell, no se tratará de un régimen totalitarios, entendido éste como un estado omnipresente, aunque si que fueron sus pretensiones iniciales, los acontecimientos internacionales posteriores, aunque los acontecimientos internacionales posteriores, la derrota del eje en la II Guerra Mundial, lo convirtiesen en un régimen autoritario, con una fractura en principio débil pero que se fue acentuando, especialmente a partir de los años sesenta en que el control sobre la producción cultural y en la Universidad se irá reduciendo y aparecerá una brecha. De tal forma que en el momento de la transición, además de la memoria oficial de la Guerra Civil, también existía otra memoria tangencialmente contraria, por lo que en los primeros momentos se temió por el enfrentamiento.

Lo cierto es que finalmente, la paz y la prosperidad se convirtieron en el principal elemento legitimador del régimen franquista, siendo sus fuentes principales de propaganda el NO-DO y los libros de texto en las escuelas, realizando la autora un estudio exhaustivo de ambos para constatar la certificación de la evolución de la visión heroica de la Guerra Civil y la legitimidad de origen, hasta la nueva versión oficial de la legitimidad por la gestión.

Los edificios simbólicos del franquismo como el Valle de los Caídos o el Arco de Triunfo, tampoco sirvieron como elementos para la unión sino para la glorificación del régimen, aunque éste debió modificar su simbología fascista al terminar la II Guerra Mundial.

La dura represión que siguió a la Guerra Civil se fue moderando con el paso del tiempo aunque el recuerdo de la contienda siempre estaría en la mente de los vencedores y no permitirían la menor desviación política ni social. Aún así el régimen mostraba cierta moderación, obligada por los acontecimientos internacionales y más tarde, pasadas dos décadas del inicio del franquismo, aparecerá una tendencia reconciliadora aunque no fuera muy convincente, ni tampoco muy sincera. El mismo Fraga lo refleja a la altura de 1973, argumentando la legitimidad del régimen en la paz, una paz que a su juicio llegó por la victoria merecida de los sublevados en la Guerra Civil y la justificación de ésta y del origen del régimen franquista. Algunos personajes influyentes del falangismo, como Ridruejo si que evolucionaron hacia posiciones democráticas y claramente antifranquistas. En cualquier caso, el régimen franquista estuvo muy lejos de reintegrar a los perdedores en la Guerra Civil lo que habría permitido el pluralismo político y se hubiera corrido el riesgo de volver a un sistema democrático que estaba precisamente en el origen del alzamiento militar de junio de 1936.

Paloma Aguilar defiende que las transformaciones sociales, la paz y la estabilidad, además del crecimiento de las clases medias nacidas gracias al franquismo, será de suma importancia para llevar a cabo el proceso de transición lo que va a dejar sin protagonismo alguno a los vencidos en la Guerra Civil Española.

Las transformaciones sociales que se produjeron en el franquismo, aunque de forma demasiado lenta, fueron decisivas para realizar una transición pacífica. Los años sesenta fueron decisivos en la transformación definitiva de España que pasó a ser, de un país agrícola, a ser un país industrializado y urbanizado en el que los tecnócratas impusieron el capitalismo y el liberalismo económico de una forma progresiva. De esta forma, la España de 1975 no es la de los años treinta, el éxodo rural y los cambios producidos hacen que los pequeños y medianos agricultores no sean movilizables a las viejas consignas conservadoras e incluso la Iglesia está con el cambio y tiene una actitud favorable, contrariamente a lo ocurrido durante la II República.

De la misma forma, el movimiento obrero había cambiado mucho, la CNT perdió el protagonismo que había tenido en el mundo obrero desde finales del siglo XIX, manteniéndose en la clandestinidad y reducido al mínimo el sindicato UGT.

La OSE fue el único sindicato legal en España desde el final de la contienda civil hasta 1976. Toda la acción sindical va a estar desarrollada por "el movimiento" desde la aplicación de la Ley de Unión Sindical de 1940.

Así, trabajadores y empresarios se mantenían en una unión que estaba en sintonía con la negación de la lucha de clases y apoyo mutuo entre todas ellas, desapareciendo las antiguas organizaciones sindicales como UGT y CNT que pasaban a la clandestinidad. Aún así, el régimen iba a permitir un mínimo de actuación a los antiguos sindicalistas y a otros pertenecientes a las distintas familias del régimen dentro de los sindicatos oficiales.

De este modo iba a existir cierto margen a la disidencia desde el principio, especialmente los relacionados con el catolicismo social, como los sindicatos agrarios católicos, etc. Dentro de ese entramado van a aparecer los primeros "antiguos sindicalistas" actuando dentro del Sindicato Vertical aunque su posición era precaria y sus peticiones nulas.

A comienzos de los sesenta también aparecieron grupos de oposición sindical basada en el obrerismo católico y desde donde pudieron trabajar antiguos miembros de la CNT y de la UGT a la vez que aparecían algunos grupos aconfesionales como USO o La JOC que tenía implantación obrera internacional y ahora España pertenecía desde mediados de los cincuenta a organizaciones internacionales como la OIT como consecuencia de la
aparición de la Guerra Fría y la parcial aceptación del franquismo en organismos internacionales.

Por otra parte, algunos partidos comunistas de la Europa Occidental dieron origen a lo que llamarían “eurocomunismo” que aceptaba la democracia liberal y se alejaba de la III Internacional Socialista, lo que sin duda sería favorable para que posteriormente, en la semana santa de 1978, Adolfo Suárez legalizara el PCE con la opinión contraria del Ejército y del franquismo sociológico.

El  caso de los nacionalismos había sido igualmente reprimido con dureza en favor de un estado unitario, destruyendo la concepción autonomista del periodo republicano.

El nacimiento del nacionalismo radical vasco y el grupo terrorista ETA durante los sesenta luchará contra el Estado y serán a su vez reprimidos por éste.

Durante la transición, la banda terrorista ETA llevará a cabo algunos de sus atentados más sangriento. Las muertes producidas por estos atentados y las que provocaban los grupos de ultraderecha y la policía era lo más parecido que podía verse con respecto a los momentos de más violencia durante el periodo republicano.

También era completamente distinta la situación internacional con respecto a los años treinta. La democracia republicana llegó justo en el momento de crisis económica posterior al Krack de la bolsa de Nueva York en 1929 y el auge de los totalitarismos fascista y comunista.

La situación era bien distinta, el escenario era el de la “guerra fría” que era el que finalmente había dado alas y había confirmado la dictadura franquista por su anticomunismo manifiesto. Tanto EEUU con las bases militares desde los cincuenta con la Europa Occidental van a apoyar y fomentar la restitución democrática en España.

Muchos habían sido los cambios que se habían producido con respecto a los años treinta, pero principalmente dos van a jugar un papel determinante para que no se reprodujera una guerra civil. El primer motivo es el contexto económico, político y social completamente diferentes como ya se ha expuesto y proclive a algunos cambios, de la misma forma que una postura individualista dominante de nuestra sociedad y el miedo a que se repitiesen los mismos supuestos errores que en la década de los treinta, llevó a evitar por todos los medios que se pudiera actuar de forma parecida, lo cual no dejaba de legitimar en cierta medida el régimen franquista. Esta memoria histórica va a ser la que va a predominar en el pensamiento de los españoles.

Dentro del nuevo diseño institucional se tuvo muy en cuenta que no se asociase el nuevo periodo democrático con el periodo democrático republicano. Para ello, se tuvo en cuenta la inclusión de una monarquía moderadora, cosa que parecía fácil ya que el mismo Franco había señalado como sucesor a título de rey a Juan Carlos desde 1969 y así fue como ocurrió tras la muerte del dictador. Sin embargo, Juan Carlos, aunque de forma lenta, emprendió un camino hacia la democracia que inició con la Ley de Reforma Política.

Todos tuvieron que renunciar a parte de sus peticiones en favor del consenso, mientras que la prensa suavizaba todo recuerdo de la Guerra Civil. En cualquier caso, el miedo a la repetición de la guerra y el deseo de paz estaba en todos los actores políticos y en la propia sociedad española.

La autora tiene una visión oficialista sobre el periodo de la transición justificado por la voluntad de consenso y paz, ofreciendo a la Corona como un actor principal del escenario, junto con las instituciones del Estado y el llamado “franquismo sociológico”.

Por otra parte, el libro realiza un acertado estudio sobre la memoria y el aprendizaje, la influencia que los estados totalitarios y autoritarios pretenden realizar sobre éstos y obtiene como conclusión, que finalmente, gracias a la democracia, las memorias de los pueblos renacen. En este último caso, no estoy convencido de esa afirmación, la democracia como sistema político defiende sus propias ideas y su propia existencia, manipulando igualmente el aprendizaje a través de la educación, los medios de comunicación, etc., y creando su propia memoria. Es posible que sus métodos sean menos groseros pero lo que es seguro es que sus resultados son más satisfactorios.

Las figuras políticas de primer orden del franquismo, no fueron los responsables de la Transición pero sí que llevaron a cabo una actividad política muy importante marcando los límites y sobre todo defendiendo sus criterios, como afirma Paloma Aguilar, una parte importante del franquismo no estaba dispuesta a renunciar al franquismo y a la victoria en la Guerra Civil.

Con respecto a los cambios producidos durante los setenta, una personalidad tan autorizada como era Fernández de la Mora, señala tres razones poderosas para acabar con lo que él y el resto de la derecha creían un Estado perfecto, refiriéndose a la dictadura de Franco. Estás razones serían, primero, la intervención extranjera, según su criterio, el resto de naciones necesitarían una España debilitada. También condenaría el resentimiento de los perdedores en la guerra civil y por último, las rencillas, frustraciones y ambición de poder de muchos de estos políticos procedentes del franquismo que no habrían podido conseguir sus aspiraciones dentro de la dictadura.

Estos políticos, no tenían ningún interés en destruir las instituciones del  régimen franquista ya que formaban grupos de élites o partidos distintos con intereses comunes que pretendían constituir una gran alianza de derechas. Nunca serían rupturistas, pretendían el continuismo político con pequeños cambios no estructurales, sin tocar el fondo de los principios del “Movimiento”. Sin embargo, forzados por las relaciones internacionales, un nuevo grupo de franquistas de segundo orden fueron los llamados a formar parte de ese suceso histórico que fue la Transición.

 La muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975 y la proclamación de Juan Carlos I como rey de España siguiendo el nombramiento hecho por el dictador en 1969 por el que además se saltaban los derechos dinásticos que aún conservaba el padre del rey, Juan de Borbón, va a suponer el inicio de ese periodo que se ha bautizado como “transición”.

La proclamación de Juan Carlos fue posible gracias a la Ley de Sucesión de 1947 y a la designación de éste a título de rey como sucesor por el mismo Franco. Se trataba de dar continuidad al franquismo y a sus instituciones y en ello estaban todos los jerarcas del régimen y gran parte de la clase media o “franquismo sociológico” que parece ser que fueron fundamentales para la consecución de la Ley Orgánica del Estado en 1967 y era hasta donde en principio estaban dispuestos a abrir el régimen franquista y  su “democracia orgánica” los partidos que se formaron para defender las instituciones franquistas que luego crearían Alianza Popular.

Sin embargo, la monarquía de Juan Carlos I que aceptó la legitimidad procedente del régimen que naciera tras el levantamiento militar del 17 de julio de 1936 avanzaría hasta conseguir una democracia que aunque dirigida por los resortes del poder, llegaría a ser reconocida internacionalmente.

El 22 de noviembre era proclamado rey Juan Carlos I, aunque no recayesen en él todos los poderes que acumulaba el dictador. Aún así, con respecto a su país era el rey con más poder en Europa. Con la muerte de Franco entró en vigor la división de poderes prevista por el dictador y que a la postre era lo que él concebía como apertura del régimen. Estas instituciones mantenían un equilibrio de poderes que debía garantizar el mantenimiento del régimen aunque con cierto grado de aperturismo y desde luego ya desprovisto de la acumulación de poderes en la figura de un dictador. Las instituciones al cargo de la continuidad serían la monarquía con Juan Carlos I como jefe de estado, el Gobierno y su presidente, el Consejo del Reino y las Cortes. De esta manera el monarca no disponía de los mismos poderes que Franco y sus decisiones debían ser aprobadas por una de las otras instituciones. El mismo día 22, durante el primer mensaje de la Corona el rey daba esperanzas cuando decía que su intención era reinar para todos los españoles. Sin embargo, en un principio nada cambió y el nuevo gobierno que se formaba con Arias Navarro como presidente ratificado en el cargo, pretendía una continuidad del sistema vigente y no un cambio institucional, menos aún, iniciar un camino hacia la democracia como en la actualidad es visto por buena parte de la sociedad.

Las fuerzas de la derecha pretendían un continuismo del régimen con mínimas concesiones, mientras que la izquierda en ese momento era partidaria de una ruptura. Varios ministros y personajes de primera fila del gobierno Arias Navarro formarían las primeras asociaciones políticas de la derecha para defender sus intereses. Juan Carlos rechazó en este primer momento tanto la ruptura como abrir un periodo de transición aperturista. Mientras tanto, la sociedad pedía libertades y la policía actuaba de idéntica manera que durante la dictadura, así tuvieron lugar en marzo de 1976 los “sucesos de Vitoria” en los que en una jornada de huelga la policía asesinó a cinco huelguistas e hirió de bala a otros 150.

La incapacidad de Arias Navarro en el gobierno le llevaría a pedir su dimisión el 1 de julio de 1976. Inmediatamente, Juan Carlos nombraría como jefe de estado y contra todo pronóstico a Adolfo Suárez, un personaje de segunda fila dentro del franquismo, que fue escalando puestos bajo la protección de Herrero Tejedor. Los líderes mejor situados menospreciaron este ascenso a la jefatura del estado por razones arbitrarias puesto que ellos consideraban que había que escalar puestos dentro de las instituciones por razones meritorias. Así Fraga y Areilza eran las personas mejor situadas para haber obtenido ese puesto llevándose una gran decepción que en el caso de Fraga le acompañaría toda su vida. Sería lo que José María Velo de Antelo definiera muy gráficamente: “Era vergonzoso ver como consejeros nacionales, procuradores en Cortes y <franquistas de toda la vida>, corrían para no perder el tren de lo que suponían se avecinaba. La desfachatez con que se manifestaban daba lástima. No tenían vergüenza.”

La defensa que realiza la autora de la figura de Juan Carlos, es oficialista y completamente fuera de la realidad. Como ella misma reconoce, el protagonismo del rey ha sido exagerado, si bien lo que realmente ocurrió, después de un primer momento de intento de continuidad del régimen, no olvidemos que Juan Carlos juró las Leyes Fundamentales del franquismo y es el “legítimo” heredero de Franco, además de haber defendido públicamente la figura y la obra de éste. Juan Carlos, sencillamente seguía la dirección del viento y se aseguraba un futuro muy prometedor para él y su familia.

La tan alabada transición hacia la democracia no fue un camino de rosas ni tampoco llegaron las libertades y la democracia de la noche a la mañana. Por el contrario, el gobierno Arias Navarro mantenía intactas las fuerzas represivas del régimen franquista mientras que muchos políticos que ocuparan primeros puestos dentro de la dictadura aparecían unos como reformistas y otros como aperturistas y “demócratas de toda la vida”. De hecho, no habría cambio alguno durante los primeros ocho meses de vida de la monarquía, sólo continuismo que parecía que iba a ser la tónica general  dado que Juan Carlos había jurado las Leyes Fundamentales del franquismo y había mostrado respeto y gratitud a la figura de Franco durante su proclamación como rey el día 22 de noviembre de 1975.

Las primeras elecciones democráticas llegarían un año y medio después de la muerte de Franco, el 15 de junio de 1977, en las que saldría vencedor el partido oficial, el partido respaldado por el rey y por los reformistas seguidos por el PSOE. La opción continuista parecía haber fracasado ante la oficialista que había optado claramente por dar al régimen un aspecto democrático que convenciera a la comunidad internacional y definitivamente, España volviera a las instituciones internacionales.   Todavía habría que esperar más para dotarnos de una Constitución, hasta diciembre de 1978, tres años después de la muerte del dictador y con el voto en contra de algunos diputados de Alianza Popular que no querían una España con partidos políticos, menos aún la legalización del PCE que se había producido en la Semana Santa de 1977 después de los atentados de Atocha en los que un grupo de ultraderecha asesinaba a tiros el día 24 de enero del mismo año en un bufete de abogados laboralistas a cinco personas, dejando a otras cuatro heridas. La nueva monarquía parlamentaria sería posible gracias a los pactos realizados entre el PSOE y UCD y también en parte y en contra de sus propias convicciones de Alianza Popular y del PCE. El PSOE ya había sido desprovisto de parte de su ideología, incluido el marxismo, en el congreso de Suresnes y Felipe González, su nuevo líder tenía gran conexión con la socialdemocracia alemana, a la vez que era apoyado internacionalmente por esa opción política. También hay que tener en cuenta el poco protagonismo que se dio al exilio español, siendo los socialistas del interior los protagonistas de la transición.

Existían tres tendencias claras dentro de la derecha española durante el tardofranquismo y la Transición, mientras que Fraga desarrollaba su “teoría del centro”.

Por un lado estaban los inmovilistas que pretendían que todo siguiera igual con la muerte del dictador, en este grupo estaban FET de las JONS y demás secciones del falangismo y más tarde se organizarían en Fuerza Nueva todos los que pretendían un continuismo político basado en los principios fundamentales del franquismo.

Los partidarios de una tímida apertura o una evolución lenta desde las Leyes Fundamentales se organizaron en asociaciones políticas que luego constituirían partidos políticos y que se unirían finalmente para crear Alianza Popular.

Por último, estaban los rupturistas, personalizados en el partido del gobierno, la UCD de Suárez y que tenían como objetivo la consecución de un régimen democrático de corte occidental para España y que a la postre, serán quienes tuvieran más éxito, superando la presión del “franquismo sociológico” y sobre todo del “ruido de sables” que amenazaba desde los cuarteles. Esta dirección fue elegida, principalmente por la presión internacional que obligaría al monarca y al gobierno hacia el rupturismo político con la dictadura y la creación de una Constitución democrática y un régimen que garantizase la libertad, el liberalismo y la democracia pero siempre dirigido desde el gobierno y aceptando las prerrogativas de los generales.

Dentro del llamado franquismo sociológico, la propaganda oficial había calado hondo y se había creado una memoria colectiva sobre la II República y su teórica inclinación hacia la izquierda, en el Pacto de San Sebastián había personajes de centro y de la derecha española, en el proceso de cortes constituyentes estaban presentes tanto Miguel Maura, nada sospechoso de coquetear con la izquierda, como Niceto Alcalá Zamora que además sería nombrado presidente. La Constitución de 1931 era una constitución de corte burgués-liberal parecida a las de otros países democráticos del entorno europeo, los partidos y las elecciones democráticas funcionaban sin problema alguno, con alternancia en el poder. En 1933 ganó las elecciones la CEDA y gobernó el país una coalición de derechas entre los radicales de Lerroux y ese partido de la derecha católica española. Por esas razones, la Constitución de 1931 no se parece a las constituciones del siglo XIX impuestas por los partidos dominantes en cada momento como asegura Paloma Aguilar.

La violencia por la que se criticaba a la II República no había sido mayor que en los países de nuestro entorno y en buena medida estaba creada por una derecha que no aceptó de buen grado la llegada de un sistema democrático a nuestro país en el año 1931. Por otra parte, el consenso por el cual la izquierda renunciaba a su “pasado violento” ha traído como estamos viendo en la actualidad, gracias a las frustraciones ocasionadas por esa renuncia en pos de la paz y la libertad propuestas en la transición, el hecho de que la derecha se niegue a reconocer los casos objetivos de violencia ocasionada por el “terror blanco” una vez iniciada la Guerra Civil que esa misma derecha llevó a cabo a través de buena parte del ejército, quedando impunes los asesinatos de más de 150.000 personas en retaguardia. Todos esos crímenes llevados a cabo por la autoridad militar, fueron ocultados, olvidados o perdonados en ese momento de la transición, igualándolos a los cometidos por el “terror rojo” que no alcanzarían las 50.000 ejecuciones y que además no estaban ordenadas por las autoridades republicanas sino que vendrían en su mayoría como réplica a ese violento levantamiento militar contra la democracia republicana.

Se trata de una buena obra que refleja perfectamente la actitud de las instituciones, medios de comunicación y sociedad española en el momento de la transición con respecto al recuerdo de la Guerra Civil española.

El libro matiza diferencias importantes entre las distintas memorias, aprendizaje, etc., y su repercusión en un momento tan importante como el de la transición, poniendo ejemplos de otras latitudes y regímenes distintos y describe un acertado marco de la sociedad, cultura y política de los años setenta perdiéndose un poco en lo que respecta a esa memoria que los españoles tenían sobre la II República y la Guerra Civil.

Aún acertando en muchas de sus conclusiones, comete el error de caer en la tentación de la mayoría de textos que aluden a este periodo histórico de destacar la figura del rey y de deslegitimar la democracia republicana.

Con el paso del tiempo, la sociedad española acaba de descubrir, por culpa de la crisis económica que el proceso de transición no había cerrado una herida y que tan sólo fue un “parche” para que el proceso de cambio político no fuera violento, con las traiciones de los representantes de la izquierda, tanto en el PSOE del interior de España, como, sobre todo por las élites del PCE, en especial de Santiago Carrillo.







José Luis Romero Carretero.